El Parlamento neerlandés se prepara para aprobar una iniciativa legislativa que transformará la fiscalidad de inversiones en criptomonedas y otros activos. La ley de ganancias, formalmente conocida como la Ley de Impuesto sobre el Rendimiento Real de la Caja 3, impondrá gravámenes anuales sobre el aumento de valor de los activos, incluso cuando los inversores no hayan realizado la venta. Esta medida marca un cambio significativo en cómo los gobiernos europeos abordan la tributación de activos digitales.
Cómo funcionará el nuevo sistema de tributación
Según reportes de Foresight News, la ley de ganancias establecerá una tasa impositiva del 36% sobre la revalorización anual de activos. Los poseedores de Bitcoin, acciones y otros instrumentos de inversión deberán liquidar impuestos sobre las ganancias teóricas cada año fiscal, independientemente de si han vendido o mantenido sus posiciones. Este enfoque representa un cambio radical respecto a sistemas tributarios tradicionales que solo gravan cuando hay una transacción efectiva.
Contexto legal y razones de la reforma
La iniciativa surge como respuesta a un pronunciamiento judicial previo. Un tribunal holandés invalidó el método anterior utilizado por el gobierno para calcular impuestos basados en retornos virtuales, considerándolo contrario a derecho. Aunque los legisladores reconocen deficiencias en la propuesta actual, la mayoría del parlamento la respalda. La justificación principal es económica: diferir la ley de ganancias significaría que el Estado dejaría de percibir aproximadamente 2,300 millones de euros anuales.
Implicaciones para inversores en criptoactivos
Esta ley de ganancias afectará directamente a titulares de criptomonedas, quienes enfrentarán obligaciones fiscales sobre el aumento teórico de sus posiciones. A diferencia de sistemas donde solo se tributa al vender, esta norma crea una responsabilidad tributaria anual que persiste mientras se mantengan los activos. La implementación está prevista para 2028, otorgando un período de transición a los inversores para adaptarse a los nuevos requisitos fiscales.
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Holanda aprueba proyecto de ley de ganancias: impuesto anual sobre plusvalías desde 2028
El Parlamento neerlandés se prepara para aprobar una iniciativa legislativa que transformará la fiscalidad de inversiones en criptomonedas y otros activos. La ley de ganancias, formalmente conocida como la Ley de Impuesto sobre el Rendimiento Real de la Caja 3, impondrá gravámenes anuales sobre el aumento de valor de los activos, incluso cuando los inversores no hayan realizado la venta. Esta medida marca un cambio significativo en cómo los gobiernos europeos abordan la tributación de activos digitales.
Cómo funcionará el nuevo sistema de tributación
Según reportes de Foresight News, la ley de ganancias establecerá una tasa impositiva del 36% sobre la revalorización anual de activos. Los poseedores de Bitcoin, acciones y otros instrumentos de inversión deberán liquidar impuestos sobre las ganancias teóricas cada año fiscal, independientemente de si han vendido o mantenido sus posiciones. Este enfoque representa un cambio radical respecto a sistemas tributarios tradicionales que solo gravan cuando hay una transacción efectiva.
Contexto legal y razones de la reforma
La iniciativa surge como respuesta a un pronunciamiento judicial previo. Un tribunal holandés invalidó el método anterior utilizado por el gobierno para calcular impuestos basados en retornos virtuales, considerándolo contrario a derecho. Aunque los legisladores reconocen deficiencias en la propuesta actual, la mayoría del parlamento la respalda. La justificación principal es económica: diferir la ley de ganancias significaría que el Estado dejaría de percibir aproximadamente 2,300 millones de euros anuales.
Implicaciones para inversores en criptoactivos
Esta ley de ganancias afectará directamente a titulares de criptomonedas, quienes enfrentarán obligaciones fiscales sobre el aumento teórico de sus posiciones. A diferencia de sistemas donde solo se tributa al vender, esta norma crea una responsabilidad tributaria anual que persiste mientras se mantengan los activos. La implementación está prevista para 2028, otorgando un período de transición a los inversores para adaptarse a los nuevos requisitos fiscales.