La intervención del gobierno en los mercados energéticos plantea serias preocupaciones sobre la competencia justa. Cuando las agencias reguladoras utilizan su autoridad para favorecer industrias específicas en lugar de mantener una supervisión neutral, vemos cómo se difumina la línea entre interés público y beneficio privado. La historia nos muestra que cuando el poder estatal y los intereses corporativos se entrelazan demasiado—donde el gobierno defiende activamente a los actores favorecidos—el mercado pierde su capacidad para funcionar de manera transparente. Esta concentración de poder merece un escrutinio. La política energética debe priorizar condiciones de mercado justas y competencia, no el patrocinio industrial. La cuestión no es solo sobre el mandato de una agencia, sino sobre el principio más amplio: ¿pueden los organismos reguladores mantenerse imparciales cuando se espera que defiendan sectores particulares?